Los funcionarios públicos y la tentación del sector privado
El banco británico HSBC anunció ayer que José Antonio Meade Kuribreña formará parte de su consejo de administración. El aviso de Mark Tucker, presidente del grupo financiero, además de resaltar la experiencia del excandidato presidencial también hacía referencia a que el trabajo de Meade Kuribreña sería para las oficinas centrales, desmarcándolo así de su relación con México.
El anuncio trae a la memoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente y la reciente intención manifiesta del presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hacer una reforma al artículo 56 de dicha ley, que a la letra dice:
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.
No obstante, si la empresa no mantiene una relación comercial con el gobierno, su incorporación puede ser inmediata.
Con base en lo estipulado en la Ley, Meade no tendría impedimento para incorporarse al sector privado pues ha pasado más de un año desde que se separó de sus funciones como secretario de Hacienda y Crédito Público para lanzarse como candidato a la presidencia de México.
Sin embargo, estos doce meses, López Obrador analiza extenderlos hasta por 10 años. Lo extenso del plazo me lleva a pensar en la restricciones que tienen los funcionarios en otros países para incorporarse al sector privado. Por ejemplo, en Estados Unidos puede ser inmediato, siempre y cuando no se trate de empresas de lobbying, en cuyo caso tendrían que esperar dos años.
En España el periodo de espera es de dos años y si se tratara de alguna empresa beneficiada por contratos de gobierno, no podrán hacerlo hasta no contar con el aval de que no existe conflicto de intereses.
En otros países de Europa el periodo promedio es de un año, pero el común denominador es que las funciones de gobierno sean puestos de carrera, como los de la diplomacia en el servicio exterior.
Entre los países de América Latina, México, tiene la ley de responsabilidades administrativas más robusta y antigua. Normar la actuación de quienes prestan servicio al país tiene tradición añeja, ya en la Constitución de 1857 se incluía un título que regulaba específicamente las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Recordar la existencia de esta Ley y que el gobierno preste atención a que la cumpla los funcionarios, en activo o recién separados, es un paso firme y efectivo para el combate a la corrupción y el cese de delitos, faltas y omisiones en los que estos llegan verse involucrados.
Alfredo Bazúa Witte / Notario 230 de la Ciudad de México